Análisis

Terremoto y apropiación estadounidense del agua en el Valle de Mexicali

A 9 años de la catástrofe

El domingo 4 de abril de 2010 a las 15:40 hrs (utc-8) ocurrió un terremoto de 7.2 grados en la escala de Richter con epicentro a 60 kilómetros al sureste de la ciudad de Mexicali, en las faldas de la Sierra El Mayor Cucapah. Fue el sismo más fuerte en 122 años. De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional, el evento se localizó sobre el sistema de Fallas Cerro Prieto, una prolongación de la Falla de San Andrés, con una profundidad de 10 metros[1] y una duración de 89 segundos. El movimiento telúrico se sintió fuertemente en Mexicali, San Luis Río Colorado (SLRC), Valle Imperial y con menos intensidad en Tecate, Tijuana, Ensenada, San Diego y hasta Los Ángeles.

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Niveles de intensidad del terremoto 04-04-2010. Fuente: USGS.

El siniestro tuvo un saldo de 4 personas fallecidas, cientos de lesionados y miles de damnificados. Causó daños en edificios e infraestructuras carretera, eléctrica e hidroagrícola. La autopista federal Tijuana-Mexicali se derrumbó a la altura del kilómetro 80 en el tramo de la Laguna Salada y la Mexicali-San Felipe se fracturó en el kilómetro 60[2]. Los canales Nuevo Delta y Reforma sufrieron graves daños, afectando alrededor de 60 mil hectáreas de riego (ver mapa principal). Enormes grietas se abrieron en el suelo en diferentes lugares del Valle de Mexicali. Al menos 5,400 viviendas resultaron afectadas y 370 tuvieron que ser demolidas[3]. La zona se quedó por varias horas sin servicios de electricidad, telefonía fija y móvil, internet y agua potable. Pequeños cráteres con agua contaminada surgieron en múltiples puntos en los ejidos y poblados de la zona rural, teniendo como caso más dramático el del Poblado Zakamoto, el cual tuvo que ser completamente evacuado y sus habitantes reubicados[4]. Fue una catástrofe socioambiental sin precedentes en la región.

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Distribución de canales dañados tras el sismo del 07/04/2010. Fuente: Conagua (2010). Obtenido del Atlas de Riesgos de Mexicali

Pero las afectaciones detonadas por el terremoto no se redujeron a las antes descritas, sino que incluyeron una silenciosa apropiación por parte de Estados Unidos del agua que por el Tratado Internacional de Aguas de 1944 le corresponde a México.

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Análisis

A 2 años de la toma de La Rosita: gasolinazo y huachicoleo en Baja California

A modo de homenaje a

quienes valientemente

se mantuvieron resistiendo

en La Rosita

hasta las últimas consecuencias”

La madrugada del día 11 de enero de 2017 un contingente de cientos de policías federales desalojaron la planta de Pemex “La Rosita”, la cual había sido bloqueada durante una semana por un centenar de manifestantes que protestaban contra el llamado “gasolinazo”, un incremento en los precios de gasolina y diésel entrado en vigor el primer día dicho año. El bloqueo de entrada y salida de pipas comenzó el día 4 de enero y provocó que los días 9 y 10 del mismo mes, en Mexicali y en el resto del área de distribución de la planta se generara un desabasto total de combustibles[1].

Aunque este tipo de protestas ocurrió en todo el país, el bloqueo en Mexicali fue el único que provocó un desabasto total de gasolina y diésel. Durante los últimos dos días del bloqueo, las aproximadamente 250 estaciones de servicio de Pemex ubicadas en la capital de Baja California permanecieron cerradas debido a la escasez total de combustible. La ciudad estaba semiparalizada. Las filas para cruzar la línea internacional en busca de abasto de gasolina eran enormes. Las gasolineras de Calexico tuvieron varios días de ganancias récord, con incrementos de hasta un 40% en sus ventas[2]. El desabasto tuvo un impacto significativo en la población cachanilla pues, de acuerdo a un estudio de la ONU, Mexicali es la ciudad en México con mayor número de automóviles per capita[3]. La escasez de combustibles generó un estado de excepción en la cotidianeidad urbana.  

El escenario era similar a las imágenes que en los últimos días circulan en la prensa y redes sociales, donde aparecen largas filas para comprar gasolina y diésel, como consecuencia de las acciones del gobierno federal para combatir el “huachicoleo”, es decir, el robo organizado de hidrocarburos a Pemex. Esto nos motivó a escribir este texto. Por una parte, el recordar el acontecimiento de la Toma de La Rosita, el cual consideramos que fue un detonante de las masivas movilizaciones que se realizarían días después en el centro cívico de Mexicali. Por otra parte, escribimos este texto para analizar la geografía de la distribución de hidrocarburos en Baja California y hacer un esbozo sobre las consecuencias locales producto de la privatización del sector energético en México.

Vale decir que en Baja California también hay huachicoleo y también ha ocurrido desabasto (total) de gasolinas y diésel.

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Análisis

Baja 1000: neocolonización turística todo terreno

 

La carrera off-road Baja 1000 edición 2018 se llevó a cabo del 14 al 18 de noviembre en el municipio de Ensenada, Baja California. Aunque la competencia se realiza anualmente, en esta edición ocurrió algo inédito: SCORE International, la empresa que organiza la carrera, presentó por primera vez en tiempo y forma una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) modalidad particular para evaluar las potenciales afectaciones ambientales del recorrido de los vehículos todo-terreno que participan en la competencia[1]. La Semarnat negó la autorización en materia de impacto ambiental, debido a las afectaciones provocadas previamente sobre el Área Natural Protegida (ANP) Valle de los Cirios y otras inconsistencias, y ordenó la “Suspensión Total Temporal” del evento, pero aún así, sin el permiso, la carrera se llevó a cabo, violando la  Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), la ley de Responsabilidad Ambiental y el programa de manejo del Área Natural Protegida.

¿Estuvieron enteradas de esta situación las autoridades de los diferentes niveles de gobierno localizadas en Ensenada? Sí. A sabiendas de la negación del permiso ambiental y la orden federal de suspender el evento, autoridades municipales, estatales y federales, incluyendo elementos de las policías municipal, federal y ministerial, además de bomberos, Marina y Ejército, se hicieron presentes y colaboraron en la realización de la carrera[2].

Al conocer esta noticia, nos surgieron varias dudas respecto a la famosa competencia: ¿Qué tan importante es este evento y la empresa que lo organiza para que pase por encima de las leyes ambientales mexicanas ? ¿Ha ocurrido esta  situación antes, es decir, que la Baja 1000 se lleve a cabo sin permiso de impacto ambiental y que autoridades no sólo no hagan nada al respecto, sino que colaboren con su organización? ¿Qué intereses políticos y económicos existen detrás de la carrera para permitir esto? ¿Qué beneficios aporta a Baja California? ¿Cuáles son sus afectaciones sociales y ambientales? Intentaremos aportar algunos elementos para responder estas interrogantes y además justificar el título de este artículo, esto es, que las carreras todo-terreno son formas de neocolonización turística de la Baja California.

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Análisis

Cartografía de las elecciones 2018 en Mexicali: la espacialización del descontento

 

(Haz clic en los mapas para agrandar)

Rebelión electoral

El pasado 1ro de julio el pueblo de México se rebeló en las urnas. La ciudadanía salió masivamente a votar y le ganó a la maquinaria del fraude, a la campaña de miedo, a la desinformación y manipulación mediática, a las llamadas de odio, a la compra y coacción del voto, a la alteración de urnas, a la intimidación, a la violencia y sobretodo, a la desesperanza.

El desborde popular -antes y durante la votación- revirtió todas las posibilidades de fraude y logró vencer -parcialmente- a los poderosos en su campo de juego. Fue una rebelión electoral que demostró de lo que el pueblo es capaz cuando se moviliza. Sin embargo, fue un triunfo en el que los sectores populares fungieron como su fuerza, más no como su dirección organizada.

El voto masivo a López Obrador fue una expresión del hartazgo y descontento social; fue un voto de esperanza, de convicción, de castigo e incluso, de resignación. Fue la forma mayoritaria en la que, en el marco del proceso electoral, la ciudadanía demostró el repudio al actual gobierno y el rechazo a las políticas neoliberales, a la desigualdad, violencia e impunidad reinantes en el país.

Si bien, detrás del empuje electoral de la coalición ganadora y del proyecto del próximo gobierno existen intereses cupulares, pactos con diversos sectores de la oligarquía y alianzas sumamente contradictorias, no es nuestro objetivo analizar aquí esta recomposición de fuerzas en el bloque en el poder. Queremos resaltar, sí, el protagonismo popular en la elección y la espacialización del descontento manifestada con el voto.

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Sobre las contradictorias cifras de Constellation Brands

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El nuevo muro Mexicali-Calexico y las infraestructuras transfronterizas

El nuevo muro

Actualmente el gobierno de Estados Unidos está construyendo en la frontera Mexicali-Calexico un muro de 11 metros de alto, de los cuales 2 metros están bajo tierra. Dicha altura representa más del doble de la actual valla que divide a ambas ciudades. El muro es una variante de los ocho prototipos presentados en San Diego en octubre del año pasado por seis empresas constructoras estadounidenses (Caddel, Yates, Fisher, Texas Sterling, KWR y Elta North America[1]) y consiste en polines de acero distribuidos a lo largo de 3.6 kilómetros que comienzan en los suburbios al poniente de Mexicali y terminan en el Río Nuevo. El proyecto incluye un puente sobre dicha corriente, la cual conduce aguas negras hasta el Mar de Salton en California (ver mapa principal).

Esta obra representa el primer contrato de construcción de la valla fronteriza efectuado por el gobierno de Donald Trump. El contrato fue obtenido por la empresa SWF Constructors de Nebraska, con un costo total de 18 millones de dólares. Las obras comenzaron el 19 de febrero y se realizarán durante 300 días, concluyendo la última semana de noviembre. El término de la obra coincidirá con la inauguración del nuevo puerto fronterizo que va a sustituir parte de las instalaciones de la vieja Garita Internacional que divide el centro de ambas ciudades[2].

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Foto: Trump visitando los prototipos de muro en San Diego, CA. Fuente: Wikipedia.

SWF es una pequeña empresa fundada hace un año y que aparece con un solo empleado en su oficina de Omaha. Es propiedad de Coastal Environmental Group, una compañía de construcción con sede en Edgewood, New York, que ha sido demandada decenas de veces por negarse a pagar a subcontratistas y por tener “prácticas de facturación sospechosas”[3]. Uno de estos casos fue el no pagar o pagar menos de lo acordado a 400 empleados que trabajaban en labores de limpieza relacionada con el huracán Sandy. Por la otorgación del contrato a SWF, Bennie Thompson, representante demócrata en el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, cuestionó a la titular de Homeland Security, Kirstjen Nielsen (quien visitó la obra en Calexico el 19 de abril[4]), sobre la forma en que fue efectuado el concurso de licitación[5].

El “nuevo muro” es una compostura de una valla construida en 1995 (hecha de restos de metal y asfalto reciclados), sobre la cual el gobierno estadounidense ya tenía planes de construir, así como presupuesto asignado para tal fin. Trump aprovechó tal requerimiento para instalar el nuevo modelo de muro.

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Análisis

Constellation Brands, el saqueo del agua y la superexplotación laboral en Mexicali

Constellation Brands (CB) es una transnacional estadounidense basada en New York, que produce y comercializa cerveza, vino y otras bebidas alcohólicas. Cuenta con operaciones en Estados Unidos, Canadá, Italia, Nueva Zelanda y México, con alrededor de 40 instalaciones industriales[1] y aproximadamente 9,000 empleados (ver mapa 1).  

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[Mapa 1: Constellation Brands global]

Dicha compañía nació en 1945 como productora y comercializadora de vinos y se fue expandiendo al adquirir varias empresas en el ramo de bebidas alcohólicas. Hoy es la mayor compañía vinícola del mundo[2] y se encuentra dentro de las empresas de Fortune 500, las más grandes en territorio estadounidense.

CB es actualmente la mayor importadora de cerveza de Estados Unidos[3] y la tercera compañía proveedora de cerveza en dicho país. La empresa maneja más de 100 marcas de bebidas alcohólicas (la mayoría son vinos y cerveza “artesanal”[4] [craft beer]) y es dueña y vendedora exclusiva de las marcas de Grupo Modelo en territorio estadounidense[5]. Corona Extra, una de dichas etiquetas, es la cerveza importada más vendida en Estados Unidos y la quinta más consumida de todas las cervezas en dicho país[6].

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