Análisis

Las Asociaciones Público-Privadas y el negocio transfronterizo (y transnacional) del agua en Baja California – parte 1

La Ley de Asociaciones Público-Privadas (APPs) de Baja California fue aprobada por el congreso del estado el 22 agosto de 2014. Anteriormente ya había existido en la entidad otra ley de APPs, la ley de Proyectos de Asociaciones Público-Privadas, aprobada y publicada el 30 de octubre de 2009 por el entonces gobernador Guadalupe Osuna Millán. Dicha ley fue derogada por “insuficiente e inconsitente” en la misma sesión en que se aprobó la nueva ley, proyecto propuesto por el actual gobernador, Francisco “Kiko” Vega de la Madrid. Asimismo, se modificó el artículo 100 de la Constitución estatal para elevar a rango constitucional la obligación del Estado de proteger la inversión privada, en concreto, las APPs. A su vez, en el mismo artículo se añadió la especificación de que, a partir de esta reforma, las políticas para el desarrollo industrial y sustentable serán promovidas por el gobierno estatal “mediante el establecimiento de las bases y requisitos de realización de proyectos bajo el esquema de asociaciones público privadas (…) ”. Cabe mencionar que una cambio fundamental entre la ley derogada y la nueva es que en la segunda se eliminó la posibilidad de participación de los distintos sectores de la sociedad civil en los procedimientos de planeación, elaboración y estructuración de proyectos basados en APPs y se le dio facultad a las empresas privadas para proponer “proyectos no socilitados”[1]. Es de esta forma (resumida) que, mediante el desvío de poder público hacia el interés privado, se efectuaron las transformaciones jurídicas necesarias para territorializar el nuevo proyecto neoliberal de apropiación privada de las riquezas de Baja California, en específico, de las infraestructuras, recursos y servicios públicos.

La ley de APPs establece un esquema inversión entre el sector público y el sector privado, que en los hechos significa una forma de privatización de las redes de infraestructuras y servicios públicos de la entidad. Bajo dicho esquema, las empresas privadas “aportan” el capital inicial para la construcción de las infraestructuras de servicios, mientras reciben garantías contractuales de largo plazo para explotarlas, hasta que el Estado haya saldado las deudas de inversión. De esta manera, el Estado se convierte en garante de la inversión mediante la adquisición de deuda pública (pagada con interés a 20, 30  y hasta 40 años) y a su vez, asume los riesgos de construcción de las infraestructuras proyectadas. En grandes rasgos, las APPs son formas de extracción de riqueza y transferencia de rentas del sector público al privado.

Esta ley es un tipo de iniciativa que ha sido promovida en casi todos los estados del país por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para crear marcos jurídicos que fomenten la inversión de empresas privadas (nacionales y extranjeras) en obras de infraestructura y prestación de servicios. Con el objetivo específico de impulsar en México dichas regulaciones, el BID instituyó el Programa para el Impulso de las Asociaciones Público-Privas en Estados Mexicanos (PIAPPEM, http://www.piappem.org/). Mediante este programa, el Fondo Multilateral de Inversiones del BID asesora a los gobiernos estatales para “promover la expansión y mejora de los servicios públicos e infraestructura a nivel municipal y estatal en México a través de APPs”. Según la página del PIAPPEM en los últimos años los gobiernos estatales del Distrito Federal, Oaxaca, Estado de México y Zacatecas han desarrollado proyectos de inversión de APPs bajo esquemas de concesión, contratación de servicios y obra pública y, más recientemente, bajo el modelo de Proyectos para la Prestación de Servicios. Asimismo, de acuerdo al organismo internacional el gobierno federal ha implementado diversos proyectos bajo modalidades APPs, entre ellos, el libramiento carretero de Mexicali.

En la misma sesión en la que se votó la Ley de Aguas de Baja California, la noche del 19 y la madrugada del 20 de diciembre de 2016, se aprobó también el Dictamen 62 (decreto 57), mediante el cual se ratifican y autorizan once proyectos de obra pública ofertados bajo contratos de APPs, con los que se endeuda al estado hasta 2056. Cinco de estos proyectos están relacionados con el agua: desalación, potabilización, tratamiento de aguas, transporte y distribución del recurso. Las obras son:

Obra asignada Empresa
Construcción, financiamiento y operación de una planta desalinizadora en Playas de Rosarito Aguas de Rosarito, S.A.P.I. de C.V
Sistema Integral Hídrico de San Quintín Desaladora Kenton S.A. de C.V.
Programa de construcción de tubería troncal de drenajes pluviales prioritarios en la ciudad de Mexicali Operadora de Pluviales de Mexicali, S.A.de C.V.
Amplicación, rehabilitación, modernización, operación y mantenimiento de la planta potabilizadora “La Nopalera”, en Tecate Ingeniería de Bombas S.A. de C.V.
Modernización del sistema de agua potable en la ciudad de Ensenada En proceso

En este texto buscamos aportar elementos de análisis sobre los aspectos territoriales de los proyectos relacionados con el negocio transfronterizo del agua, impulsados bajo esquemas de APPs, y su vínculo con las empresas transnacionales de servicios múltiples.

Planta desalinizadora de Rosarito

Uno de los principales proyectos aprobados en el dictamen 62 (ratificados con el decreto 57), es la planta desaladora o desalinizadora de Playas de Rosarito, la cual se construirá en un terreno baldío junto a la Central Termoeléctrica Presidente Juárez en dicho municipio y sería la planta más grande de Latinoamérica en su tipo. Según la MIA del proyecto, la desalinizadora convertirá en agua potable el agua de mar que utiliza la CFE para el enfriamiento de los condensadores de la termoeléctrica, generando una corriente residual de agua salada concentrada (salmuera) la cual será regresada al mar. En esta APP fue beneficiada la empresa Aguas de Rosarito S.A. de C.V. (AdR), consorcio internacional formado por NSC Agua, filial de la transnacional Consolidated Waters, de las Islas Caimán, NuWater, de Singapur y Degremont, subsidiaria de la transnacional francesa Suez. La construcción de la planta está planeada en dos etapas. La primera iniciará su construcción en 2017 y deberá comenzar operaciones en 2020 produciendo 190 mil metros cúbicos de agua por día. La segunda etapa está planeada para producir otros 190 mil metros cúbicos y entraría en funcionamiento en 2024, para llegar a una producción total de 380,000 metros cúbicos diarios[2]. El contrato de APP se ejecutó entre la empresa AdR, la Comisión Estatal del Agua de Baja California (CEA) y la Comisión de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).

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Figura 1 – Planta Desalinizadora de Playas de Rosarito.

De acuerdo a varios informes y documentos públicos[3], la desalinizadora de Rosarito está planeada para entregar al Distrito de Agua de Otay en California, casi la mitad del total de agua que producirá. Ante esta información y las crecientes protestas de rechazo al proyecto, la CEA argumenta que la planta no va a exportar agua a California, que la totalidad de la producción será entregada a la CESPT. El gobierno niega la exportación de agua, pero California lo confirma. ¿Por qué la contradicción? ¿qué están ocultando?

Para responder a estas preguntas, revisemos algunos hechos: desde la primera ley de APPs el gobierno estatal ya estaba contemplando la construcción de plantas desaladoras bajo este esquema de inversión. Por otra parte, en el Acta 319 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, firmada en Coronado, California el 10 de noviembre de 2012 por los representantes de los gobiernos de México y Estados Unidos, se menciona a la “Planta desaladora binacional de Rosarito” como uno de los proyectos de nuevas fuentes de agua para beneficio binacional. Asimismo, otro de los proyectos mencionados en dicho documento es la “Planta Desaladora Binacional en el Mar de Cortés (Golfo de California)”. Cabe mencionar que el gobierno de Sonora está proyectando la construcción bajo esquemas de APPs de tres plantas desaladoras en el Golfo de California, ubicadas en Empalme, Puerto Libertad y Puerto Peñasco, respectivamente. La panta de Puerto Peñasco, localizada en la Reserva del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, exportaría agua a Arizona a través de un ducto transfronterizo[4].

Una parte fundamental del conjunto del proyecto de la planta desalinizadora de Rosarito es el transporte del agua producida a través de un acueducto que conducirá el líquido hasta el punto de entrega a la CESPT, conocido como El Florido. En dicho lugar existe una planta potabilizadora que recibe el agua proveniente de Mexicali a través del Acueducto Río Colorado-Tijuana. De ahí se alimenta la red de agua potable de Tijuana por medio de dos líneas: una al “Tanque Mesa de Otay” y otra al “Tanque Aguaje de la Tuna”; y a la Planta de Bombeo de la Colonia Obrera.

Acueducto Rosarito-El Florido

El Acueducto Rosarito-El Florido es un ducto subterráneo de 29.3 km de longitud con capacidad de transportar los 380,000 metros cúbicos (4.4 m3/s) que produciría diariamente la desaladora de Rosarito. El punto de inicio del trazo del proyecto es la planta ubicada en el complejo energético Presidente Juárez de la CFE, para seguir en dirección noreste y terminar en la zona del Florido, localizada en el extremo oriente del área urbana de Tijuana. El proyecto también será construido por una de las empresas encargadas del proyecto de edificación de la desalnizadora, NSC Agua-Consolidated Waters. Por otra parte, revisando la información contenida en la página de dicha empresa, encontramos un tercer proyecto de transporte de agua asociado a los planes de exportación del líquido: el acueducto El Florido-Otay.

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Mapa 1: Acueducto Rosarito – El Florido. Elaboración propia en base a las MIA del proyecto.

Acueducto El Florido – Otay

Dicho proyecto consiste en la construcción de un acueducto de 12.56 km de longitud, que transportará la misma cantidad de agua que el aceducto anterior (4.4 m3/s) desde el El Florido hasta el punto de entrega en la línea fronteriza en la delegación Otay. En su manifestación de impacto ambiental, presentada el 10 de septiembre de 2014 por NSC Agua, se especifica claramente el objetivo del proyecto:

El “Acueducto El Florido – Otay” es un proyecto asociado a otros dos proyectos. El proyecto principal, consiste en la construcción y operación de una planta desalinizadora con capacidad de 4.4 m3 /s, cuya ubicación está proyectada en Playas de Rosarito, Baja California, en el terreno baldío que colinda al sur de la C.T. Presidente Juárez de la Comisión Federal de Electricidad CFE.

El segundo es la construcción del Acueducto “Rosarito – El Florido”, que tendrá por objeto transportar el agua potable que se pretende producir en la planta desalinizadora, hasta el punto de entrega que ha sido convenido con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), el cual se localiza en el extremo oriente de la zona urbana de Tijuana, en la zona conocida como El Florido, en el sitio donde se ubica la planta de potabilización y los tanques de distribución de la CESPT.

El “Acueducto El Florido – Otay”, tendrá como objetivo transportar el agua potable desde el tanque de Comisión Estatal de Servicio Públicos de Tijuana (CESPT) hasta el punto de entrega convenido, en la línea fronteriza entre USA y México, en la delegación de Otay.

Es sospechoso que ambos acueductos tengan la misma capacidad de transporte de agua, la cual corresponde a la cantidad total que producirá la planta desalinizadora de Rosarito. ¿Acaso la finalidad a largo plazo de la desaladora es exportar a California la totalidad del agua producida? Esto es factible si tomamos en cuenta los planes por construir otras plantas desalinizadoras en San Quintín, Ensenada e Isla de Cedros, mismas que podrían cubrir la demanda en la Zona Costa del estado.

Con el acueducto El Florido-Otay se completaría la infraestructura necesaria para llevar el flujo de agua de Rosarito a la frontera con California y de esta manera generar las condiciones materiales para la exportación del líquido. Los proyectos antes mencionados son sólo la parte correspondiente del conjunto de los planes privatizadores y exportadores emplazados en territorio mexicano. El proyecto complementario en el lado estadounidense es el Proyecto de Sistema de Conducción y Desinfección de Otay Mesa.

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Mapa 2: Acueducto El Florido – Otay. Elaboración propia en base a la MIA del proyecto.

Proyecto de Sistema de Conducción y Desinfección de la Mesa de Otay (Otay Mesa Conveyance and Disinfection System Project)

Este proyecto es impulsado por el Distrito de Agua de Otay (Otay Water District) y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Ambas instituciones presentaron en abril de 2016 la Declaración de Impacto Ambiental (EIR, por sus siglas en inglés) del proyecto, misma que evalúa los efectos ambientales potenciales de la construcción, operación y mantenimiento del “ducto de acero para agua potable y otras mejoras de infraestructura necesarias para transportar agua desalada producida en México hacia el área de servicio del Distrito en el sur del condado de San Diego, California” (ver mapa 3). El acueducto mediría 4 millas de longitud aproximado (6.5 km) y de 48 a 54 pulgadas de diámetro y se presentaron tres rutas posibles de trayecto que se articulan en una sola (ver mapa 4). La declaración incluye la construcción de una posible planta de bombeo e instalaciones de desinfección. Mientras la CEA afirma que no va a haber exportación de agua, los documentos y proyectos aprobados en ambos países lo confirman.

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Mapa 3: Desalinizadora de Rosarito y los ductos de conexión. Obtenido de la EIR del proyecto “Otay Mesa Conveyance and Disinfection System Project”.

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Mapa 4: Propuestas de alternativas para el acueducto de la Mesa de Otay. Obtenido de la EIR del proyecto “Otay Mesa Conveyance and Disinfection System Project”.

El documento Aviso de disponibilidad para la Declaración de Impacto Ambiental emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, anuncia la disponibilidad y consulta del mencionado EIR, el cual analiza los posibles efectos ambientales que implicarían el otorgamiento de un permiso presidencial para operar el proyecto que consiste en la “construcción, conexión, operación y mantenimiento de un acueducto transfronterizo para la importación de agua de mar desalinizada de México a los Estados Unidos”.

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Mapa 5: Locación regional de los proyectos – Obtenido de la EIR del proyecto “Otay Mesa Conveyance and Disinfection System Project”

En dicho documento se señala que la planta desalinizadora en México está proyectada para producir 100 millones de galones por día (MGD) de agua desalinizada. El distrito de Otay busca inicialmente comprar aproximadamente 20-25 MGD, hasta incrementarse a una cantidad de 50 MGD (190,000 m3). El Distrito anticipa que, de acuerdo a la variación de la demanda por temporada, en los meses de invierno serán conducidos 10 MGD y durante el pico de demanda en los meses de verano el volumen será arriba de los 50 MGD. Esto significa que desde la formulación de los planes iniciales de construcción la desalinizadora en Rosarito estaba proyectada la exportación de la mitad del agua producida en las dos fases de construcción y operación de la planta.

El Distrito de Agua de Otay es el organismo operador encargado de proveer el servicio de agua en el sureste del condado de San Diego, en un área aproximada de 325 km² y una población estimada de 220,000 personas. El distrito actualmente compra agua del Metropolitan Water District of Southern California, del San Diego County Water Authority (SDCWA) y del Helix Water District. Por otra parte, en la costa californiana existen dos plantas desalinizadoras, una pequeña operando en Sand City, que produce 300,000 galones por día y la de Carlsbad (construída por la empresa israelí IDE Technologies), ubicada cerca de la metrópoli de San Diego. La planta de Carlsbad es la planta desalinizadora más grande en el hemisferio occidental al proveer 50 MGD diarios justamente al SDCWA, abastecedor del Distrito de Otay. Existen varios proyectos de construcción de desalinizadoras en California que tienen la finalidad de garantizar la disponibilidad del líquido, sobretodo tras la crisis de agua que se vive en la región desde hace algunos años.

La crisis del agua en la Alta California y la función neutralizadora de Baja California

Desde 2012, California se encuentra en una grave crisis hídrica producto de la sequía histórica que padece la región y por la sobreexplotación de las fuentes de agua existentes. El agua ha sido uno de los factores fundamentales en el crecimiento económico de California, estado que se considera la sexta economía a nivel global (se calcula que su PIB es dos veces mayor que el de México)[5] y a su vez constituye uno de los paisajes más transformados en el mundo por la actividad humana. Esta condición ha sido posible mediante el extenso desarrollo de la agroindustria en sus valles, el establecimiento de diversas industrias en su territorio (cómputo, electrónica, alta tecnología, aeroespacial, automotriz, etc.), el explosivo crecimiento urbano de sus principales ciudades (el estado cuenta con dos de las más grandes zonas metropolitanas del país, la de Los Ángeles y la Bahía de San Francisco), las actividades mineras, el turismo, el impulso de la industria petrolera y gasera (con el incremento en la utilización del fracking) y la construcción de grandes infraestructuras de transporte basadas en el automóvil (autopistas, freeways, puentes, ciudades, etc.). Todas estas actividades consumen un importante volumen de agua.

A pesar de que hace unos meses las fuertes lluvias contuvieron un poco la sequía, la situación sigue en estado de alerta y el gobierno ha implementado medidas de mitigación, tales como la disminución del consumo de agua, la reutilización del líquido, las llamadas shadowballs para evitar la evaporación por rayos del sol, incremento de tarifas, entre otras. También ha emprendido la búsqueda de fuentes de agua alternativas para garantizar la seguridad hídrica en la región. Una de esas posibles fuentes es México, en específico, Baja California[6].

Para entender el por qué de buscar como alternativa de abastecimiento de agua a Baja California es preciso conocer el significado histórico del estado en su relación transfronteriza con California.

A lo largo de más de un siglo, pero sobretodo en los últimos 50 años, Baja California ha tenido una función subordinada en el potente desarrollo capitalista de la Alta California. Primero, como fuente de materias primas (algodón, minerales), alimentos (hortalizas) y mano de obra barata para satisfacer las necesidades de consumo y producción de California, así como de otros estados cercanos. Por otro lado, ha tenido la función de ser un espacio neutralizador de las contradicciones del proceso de acumulación de capital en California. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, cuando en California ocurre una crisis de algún tipo, el territorio bajacaliforniano (y su población, infraestructura, recursos y espacios) es utilizado para intentar resolver o contener los efectos de la crisis. De esta forma, ocurre un desplazamiento de los efectos de las crisis hacia el sur de la línea divisora como mecanismo para intentar contrarrestarlos. Por supuesto que no sólo Baja California tiene esta función respecto a la relación con California. Otros estados, regiones e incluso países son subordinados bajo esa lógica. Pero al ser Baja California territorio inmediato de California, por ser la frontera dependiente, es más propenso a buscar “soluciones” en dicho territorio. En realidad, lo que ocurre entre Baja California y California es una instancia particular, a una escala regional y con algunas especificidades, de la relación general asimétrica entre México y Estados Unidos. Pero al considerar la magnitud económica y política de California, esta relación regional adquiere características propias en las que se intensifican los procesos de integración desigual. Es por estas particularidades que, por ejemplo, a diferencia de otros estados fronterizos, casi la totalidad de la población de Baja California se concentra en la zona fronteriza (Mexicali, Tecate, Tijuana, Rosarito y Ensenada[7]). Es decir, el poblamiento de Baja California está estrechamente relacionado con la economía transfronteriza con California.

Pero no sólo por la proximidad del territorio es que Baja California es utilizada de esta forma por California, sino también por su relativo e histórico aislamiento respecto del conjunto del país. Cuando los colonizadores españoles llegaron a la región creyeron que Baja California era una isla. En los hechos, por mucho tiempo funcionó como tal. El “mar” que separaba a la “isla” bajacaliforniana del territorio nacional era el Desierto de Altar (después de que se vendiera La Mesilla y se despojara del trayecto de paso histórico). Si consideramos el desarrollo de las redes de infraestructuras en Baja California, éstas siempre han conectado primeramente a su territorio con el de California, antes que con el conjunto del territorio mexicano. De esta forma es que dichas redes han sido la forma material en la que se ha formado la figura espacial desigual de la región transfronteriza entre las Californias.

La función neutralizadora de Baja California respecto a las crisis en la Alta California se puede ejemplificar claramente al considerar la instalación en territorio bajacaliforniano de infraestructuras energéticas y plantas de generación de electricidad tras la crisis energética de California de 2000-2001 (provocada por las mismas transnacionales energéticas). Desde entonces en nuestro estado se han construído gasoductos, plantas termoeléctricas, parques eólicos, una planta regasificadora de gas natural licuado y líneas de transmisión transfronterizas cuya producción tiene como destino principal el mercado eléctrico californiano. Actualmente más del 40% de la electricidad que se genera en Baja California se exporta a California y es controlada por varias transnacionales energéticas. Ahora, con la crisis hídrica californiana, Baja California cumple de nuevo su función contrarrestante, esta vez, en materia de agua.

Antes de construir y hacer funcionar la infraestructura hídrica en Baja California para exportar agua a California y buscar mitigar su crisis, se tenían que crear las bases jurídicas para llevar a cabo estos planes. Aparte de la Ley de APPs, que permitían que empresas privadas construyeran y privatizaran las infraestructuras, se necesitaba poder privatizar el servicio de agua en su conjunto.

Las desalinizadoras, infraestructura hídrica y la Ley Estatal de Aguas

La Ley estatal de Aguas fue aprobada en la madrugada del 20 de diciembre de 2016, en la histórica sesión en la que el Congreso y el Ejecutivo estatal ofertaron a Baja California al sector privado. La ley se aprobó tras una abrupta sesión que incluyó protestas del sindicato de burócratas y ciudadanía inconforme, así como la utilización de prácticas porriles y de cuerpos policiacos para contener las manifestaciones. La ley planteaba la privatización del servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado del estado. Asimismo, establecía un aumento inicial del 20% en las tarifas por consumo hídrico y la posterior liberalización de las mismas en 2018, así como la posibilidad de corte del suministro tras 90 días de impago. También eliminaba las comisiones estatales de servicios públicos y las sustituía por dos organismos operadores: el de la Zona Costa, para los municipios de Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada; y el de la Zona Valle, para Mexicali. El argumento de la administración estatal para impulsar la ley era la grave situación de sequía y escasez de agua que se vive en Baja California, pero contrariamente, a su vez impulsaba en el Valle de Mexicali la construcción de una planta de producción de cerveza de la transnacional Constellation Brands, que exportaría 10 millones de hectolitros al año a Estados Unidos, y la construcción de un acueducto con dinero público para entregar agua a la planta.

Las movilizaciones masivas de enero de 2017 en Mexicali y en los demás municipios obligaron al gobernador Francisco Vega a enviar al Congreso la iniciativa de abrogación de la ley, la cual fue votada por unanimidad el 19 de enero, justo un mes después de su aprobación. El pueblo bajacaliforniano logró echar abajo los planes de privatización del servicio de agua, pero no así la privatización de las infraestructuras de producción y transporte del líquido. Se consiguió quitarle un pie a los planes privatizadores del gobierno, pero quedó el otro: las APPs.

Para privatizar por completo el servicio de agua a nivel estatal y permitir que las empresas tuvieran control total sobre el metabolismo hídrico de Baja California (producción, transporte, tratamiento, distribución), se tenía que aprobar primero la ley de aguas. Para aclarar mejor esto veamos el caso de la desalinizadora de Rosarito. La compañía privada Aguas de Rosarito (AdR) tiene que vender el agua desalinizada a la Comisión Estatal de Servicio Públicos de Tijuana (CESPT), quien después suministrará el servicio a los usuarios finales (incluido el Distrito de agua de Otay). Si la ley de aguas siguiera vigente, AdR le vendería el agua a la empresa privada a la que se le hubiera entregado la administración del sistema operador de agua de la Zona Costa. De esta forma, no tendría que lidiar con una empresa paraestatal que debiera velar el interés público, sino con otra empresa privada que busca lo mismo que AdR, es decir, obtener mayores ganancias. Asimismo, el costo del servicio, ahora definido por el Congreso y garantizado por la CESPT (la cual es un organismo público descentralizado), sería liberalizado completamente. De acuerdo a la ley, las empresas privadas serían las que fijarían el precio del líquido en base a fórmulas complejas que implicarían -sin duda- su incremento constante, sin la necesidad de aprobación de ninguna instancia gubernamental. Las compañías privadas encargadas de los distintos momentos del metabolismo del agua podrían hacer acuerdos de negocio entre ellas, siempre buscando la maximización de las ganancias, sin el obstáculo que significan los vaivenes de la administración pública local. Negocio completo, redondo y sin restricciones.

También, al convertir en negocio el acceso al líquido y al ser manejado por empresas privadas, se eliminaría el derecho humano al agua y se convertiría al bien común en un recurso económico y exclusivo, es decir, en una mercancía de la que se puede privar a quien no pueda pagarla. Si tomamos en cuenta esto, en caso de que continúe la escasez hídrica en la región, el precio del agua se podría elevar debido a la alta demanda, y si la población más desposeída de Baja California no puede pagar por el servicio, se le privaría de su acceso. Las empresas privadas venderían el agua no sólo a quien pueda pagarla, sino a quien la pague al mejor precio. De esta forma se estaría beneficiando al mejor comprador, que seguramente serían las empresas operadoras del servicio de agua en California, como el Distrito de Agua de Otay. Es así que se estaría transfiriendo el vital líquido de sur a norte de la línea fronteriza, bajo las leyes del mercado. De esta manera se complementarían los mecanismos de despojo del agua a la población de Baja California para el beneficio de las empresas transnacionales.

En la segunda parte de este texto abordaremos el papel de las empresas transnacionales de servicios múltiples en la privatización del agua y en el negocio transfronterizo del líquido en Baja California.

(Ver mapa principal)

Notas:

[1] Aragón, Olga, “La verdadera ley que privatiza TODO Baja California”, 4 Vientos, 22/01/2017, En línea en: http://www.4vientos.net/2017/01/22/la-verdadera-ley-que-privatiza-todo-en-baja-california-las-asociaciones-publicas-privadas/

[2] Sotomayor, Calros, “Financiará empresa Suez desalinizadora de Rosarito”, La Jornada de Baja California, 07/10/2016. En línea en: http://jornadabc.mx/tijuana/07-10-2016/financiara-empresa-suez-desalinizadora-de-rosarito

[3] Mark Watton, gerente general del Distrito de Agua de Otay, confirma que se tienen negociaciones sobre la exportación de agua de la planta de Rosarito. El estado compraría el total de agua producida por la desaladora y vendería una parte a Otay. Fuente: Mendoza, Alexandra y Castro, Marco Tulio, “El plan de BC y Sonora para exportar agua a Estados Unidos”,Newsweek Noticias, 07/04/017. En línea en: http://nwnoticias.com/#!/noticias/el-plan-de-bc-y-sonora-para-exportar-agua-a-estados-unidos

[4] Ibid.

[5]  Datos basados en la nota de El Financiero, que toman como fuente la información del Departamento de Finanzas de California. Existen otras fuentes que sitúan a California en otros lugares, entre el séptimo y el décimo. Esto se debe a los diversos cálculos que existen para obtener tanto el PIB de cada país, como el PIB de California. Enlace a la nota: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/california-ya-es-la-sexta-economia-del-mundo.html 

[6]  Mar Watton, gerente general del Otay Water District, señala que el agua de la desalinizadora de Rosarito costaría casi lo mismo que la que el distrito compra a la SDCWA, pero que en México es más rápido construir las desalinizadoras, debido a que no tiene tantos impedimentos legales como en California. En línea en: https://www.newsdeeply.com/water/articles/2017/01/05/southern-california-eyes-desalinated-water-from-mexico

[7] Aunque las ciudades de Ensenada y Rosarito son ciudades que no se encuentran al margen de la línea divisora, son parte funcional del Corredor Costero Tijuana-Playas de Rosarito-Ensenada (COCOTREN).

Más información sobre las APPs:

Torres, Cristian y Haro Cordero, Sergio, “Decreto 57, la verdadera privatización panista”, Semanario Zeta, 30/01/2017
http://zetatijuana.com/2017/01/30/decreto-57-la-verdadera-privatizacion-panista/

García, Camelia, “Buscan ciudadanos referéndum vs Dictamen 62 que “privatizaría” agua en BC”, La Jornada de Baja California, 31/01/2017
http://jornadabc.mx/tijuana/31-01-2017/buscan-ciudadanos-referendum-vs-dictamen-62-que-privatizaria-agua-en-bc

Martínez, Gabriela. “Baja California será líder en el país en plantas desaladoras”, El Economista, 11/07/2016
http://eleconomista.com.mx/estados/2016/07/11/baja-california-sera-lider-pais-plantas-desaladoras

Solorio Ramírez, Daniel, “Estudio de “Mexicali Consciente” para apoyar la iniciativa de abrogación de la Ley APP de BC”, La Jornada Baja California, 25/04/2017 http://jornadabc.mx/tijuana/25-04-2017/estudio-de-mexicali-consciente-para-apoyar-la-iniciativa-de-abrogacion-de-la-ley

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5 comentarios en “Las Asociaciones Público-Privadas y el negocio transfronterizo (y transnacional) del agua en Baja California – parte 1

  1. Se construira desalaladora a precio con ganancias millonarias para empresa, nos venderan el agua precio de mercado ( oferta -demanda ), venderán agua a E.U.; lo que estoy entendiendo – SUPER NEGOCIO PARA EMPRESA DESALADORA -SUPER NEGOCIO LA VENTA DE AGUA AQUÍ – SUPER NEGOCIO LA VENTA AGUA E.U. = ESTE NEGOCIO SE PAGARA $ MEXICANO PARA VENEFICIO EXTRANJERO, SI KIKO VEGA ES TAN BUEN EMPRESARIO, COMO EXPLICA ESTE FRAUDE?
    OJALA ALGUIEN ME PUEDA ILUMINAR, TODAS LAS APPs, HE LEIDO SON RIDICULA Y EXAGERADAMENTE CARAS.

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  2. Abelardo Flores Bañuelos dijo:

    Mi duda, es:
    Las obras que sí se requieran para el desarrollo de B.C., quién las financiará?
    Si la tesis expuesta, de que las APP, son nocivas; es válido rechazar la inversión privada?
    No es una postura retrograda?

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  3. Melchor Peiro Guerrero dijo:

    Excelente trabajo de investigación, información y orientación para continuar la lucha contra la privatización, fenómeno perverso que beneficia a pocos y perjudica a muchos. México y Brasil enfrentan ahora severas crisis sociales en Salud, Empleo, Educación y Biodiversidad –entre otros rubros- a causa precisamente de las privatizaciones indiscriminadas de los años noventa y también con las actuales “Reformas”. Enrique Peña Nieto en México y Michel Temer en Brasil no son sino piezas o botones de control de países que son manejado en los hechos por los dueños del Dinero Internacional, que a toda costa quiere crecer, viendo a los seres humanos como “cosas” y “prescindibles”.

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  4. Excelente análisis, aquí no está en tela de juicio quién va a financiar el progreso de Baja California; se está mostrando de manera crítica y profunda, la forma en cómo se está intentando despojar del elemento supremo para la preservación de la vida no solo del Ser Humano (que podría ser lo más nocivo en esta cadena biósférica), sino de nuestra riqueza natural y recursos que definen nuestra identidad y soberanía.

    Aquí se trata de ver al Agua, más allá de un mercantilista privilegio, es recapacitar nuestro enfoque hacia un derecho que todos debemos defender, puesto que de aquí se desprenderá no solo el futuro de nuestra existencia, sino del cómo podríamos sobrellevarlo en lo sucesivo…

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