Análisis

Sobre la exportación de agua desalinizada

Según un reportaje de la edición #27 de Newsweek Baja California, los planes para exportar agua a Estados Unidos se encuentran actualmente detenidos (por ahora). En la nota se argumenta que el acueducto para la exportación del líquido a San Diego fue rechazado por Semarnat y que Conagua le notificó a NSC Agua (una de las empresas que componen Aguas de Rosarito) que el agua es un bien nacional y por lo tanto no se puede exportar. ¿De verdad nos creen ingenuos los impulsores de la exportación? Veamos: Una empresa, Aguas de Rosarito, filial de importantes transnacionales en el mercado de agua a nivel mundial (con Suez Environment, en primer lugar), compañías que ejercen una enorme influencia sobre los organismos internacionales encargados de las políticas públicas en materia hídrica[1] (principales impulsores de la privatización del líquido a escala global) y expertas en legislación sobre aguas, comienza negociaciones en ambos lados de la frontera, estudios de factibilidad, proyectos ejecutivos, procedimientos legales, manifestaciones de impacto ambiental, cambios de uso de suelo, participación en los concursos de APPs, firma de millonarios contratos, incluso la obtención de un permiso presidencial en el lado estadounidense para la construcción de infraestructura hídrica transfronteriza (otorgado por Donald Trump en mayo pasado), todo esto con la intención de vender agua desalinizada al Distrito de Agua de Otay en San DiegoSIN SABER QUE EL AGUA NO SE PUEDE VENDER A ESTADOS UNIDOS PORQUE ES UN BIEN NACIONAL. Ni ellos se lo creen. ¿Entonces? ¿Por qué impulsar la exportación el agua si -aparentemente- no está permitido hacerlo, como argumenta Conagua? Intentemos conjeturar una respuesta.

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La super-explotación del agua en Baja California

Entender el metabolismo del agua (su apropiación, consumo, circulación, transformación y excreción) y su vínculo con los procesos económico-políticos en la región de Baja California es una tarea sumamente compleja y laboriosa. Esto se debe a que el agua es un elemento que se inserta prácticamente en todas las actividades humanas. El agua es un valor de uso que entra como condición general para la reproducción de toda forma de vida, así como materia prima básica en casi cualquier proceso productivo (agricultura, minería, industria, servicios, etcétera). El agua sirve para generar energía, para hacer funcionar las urbes, para transportar personas y mercancías, para hacer producir la tierra en el campo, para regular el clima y los ecosistemas. Con el agua la sociedad forma paisajes, lugares y regiones y delimita territorios, países y hasta continentes. En el ciclo hidrológico el agua se evapora, se condensa, se precipita, se escurre, se filtra y se conecta con la atmósfera, las montañas, la tierra y el subsuelo. El agua se encuentra en los océanos y mares, en corrientes subterráneas y superficiales (ríos, arroyos, canales), en el subsuelo (acuíferos, mantos freáticos, vapor geotérmico, etc.), en depósitos terrestres (lagos, lagunas, humedales, presas, embalses, etc.), en el suelo en forma de humedad, en la atmósfera (nubes, vapor, humedad), en casquetes glaciares o nieve y en todos los seres vivos (plantas y animales, incluyendo el ser humano). El agua se bombea, se extrae con pozos o en contenedores, se mueve en ríos, canales, acueductos, tuberías y otras redes hídricas; se potabiliza, se trata o se depura, se desaliniza, se contamina y se recicla; se embotella, se purifica y se filtra; se congela, se evapora, se convierte en líquido y viceversa. El agua en extrema escasez genera crisis (sequías), pero también en extrema abundancia (inundaciones). El agua es fuente de salud y de enfermedad, de prosperidad y decadencia. El agua es un derecho humano, un bien común y una riqueza social fundamental, pero también es considerada un bien económico y una mercancía. Es por eso que es llamada el oro azul. El agua es un recurso estratégico, factor de poder político, de seguridad nacional, de conflictos y hasta de guerras. El agua se distribuye heterogénea y desigualmente en el conjunto del espacio mundial, por lo que su uso y acceso a escala global es geográficamente complejo y asimétrico. Sin agua no hay vida. Sin agua ningún tipo de sociedad puede existir.

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Los Foros Estatales del Agua: ¿foros ciudadanos o foros privatizadores?

El gobierno estatal está impulsando diversos foros estatales del agua en las ciudades de Mexicali, Tecate, Tijuana y Ensenada. Según su sitio web, el objetivo de estos foros es “crear un espacio donde exponer la situación actual y el futuro del agua en nuestra región”. En dichos eventos se llevarán a cabo mesas de trabajo en las que la ciudadanía, organismos operadores, profesionistas del rubro y expertos en el tema hídrico trabajen juntos para “estructurar estrategias de optimización y reúso, desarrollar planes de contingencia y buscar alternativas que nos ayuden a asegurar el suministro de este recurso en Baja California”.

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Los foros se dividen en mesas de trabajo, foros ciudadanos (también llamados paneles abiertos) y conferencias magistrales. Los temas a abordar son: infraestructuras de agua y saneamiento, normatividad del sector hídrico, situación general del agua, cultura hídrica y sustentable, situación económica del organismo operador, el valor del agua, fuentes de abastecimiento, uso eficiente y sustentable, entre otros.

Con tan solo revisar el programa vemos que los foros ciudadanos o paneles abiertos no tienen nada de ciudadanos. En los diferentes eventos están invitados como participantes representantes del sector empresarial, funcionarios públicos, diputados y representantes de las empresas privadas en el mercado de abastecimiento y servicios de agua. Por ejemplo, entre los participantes de dichos paneles se encuentran el presidente estatal del Consejo Coordinador Empresarial, funcionarios de la CONAGUA, de las comisiones estatales de servicios públicos (CESPM, CESPT, CESPE y CESPTE) y de la Comisión de Límites y Aguas (CILA); el senador Ernesto Ruffo Appel y los diputados Carlos Torres y Rocío López, quienes aprobaron la ley estatal de aguas propuesta por el gobernador, Kiko Vega. En suma, para los organizadores de los foros la “ciudadanía” la constituye la clase político-empresarial bajacaliforniana. ¿No se debió de haber invitado como conferencistas y/o participantes en los foros a integrantes de Mexicali Resiste, a académicos críticos y activistas en defensa del agua, por ejemplo? ¿No se debió incluir a las diferentes voces de la sociedad civil que podrían tener una opinión crítica respecto al tema del agua?

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Las Asociaciones Público-Privadas y el negocio transfronterizo (y transnacional) del agua en Baja California – parte 3

Ver parte 1 o parte 2

Agua, electricidad, gas y el poder de las trasnacionales en California

Tal como lo analizamos en la primera parte de este artículo, la planta desalinizadora de Rosarito y los planes de privatización del agua en Baja California responden en gran medida a la crisis hídrica que acontece en California desde 2012 y al consiguiente negocio transfronterizo que se abre con la escasez del líquido. Bajo esta crisis, las empresas transnacionales poseen también una función importante en la reconfiguración del territorio estadounidense para adecuarlo a los planes hídricos antes descritos. Antes de revisar esta función específica, abordaremos brevemente el caso de las compañías involucradas en la crisis energética que aconteció en California en 2001 y que provocó el emplazamiento de proyectos de generación de electricidad a Baja California, con la finalidad de abastecer al mercado eléctrico del sur californiano. Nos parece importante analizar esta crisis porque consideramos que es un caso paradigmático de la función de las transnacionales en la organización neoliberal del espacio transfronterizo de las Californias.

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Las Asociaciones Público-Privadas y el negocio transfronterizo (y transnacional) del agua en Baja California – parte 2

(Ver parte 1)

Las empresas transnacionales de servicios múltiples y la privatización del agua

El mercado de servicios de agua a nivel global está controlado por menos de diez empresas trasnacionales. En primer lugar, dos compañías con base en Francia dominan aproximadamente el 70% de dicho mercado: Veolia (antes Vivendi Universal) y Suez Environment (anteriormente Suez-Lyonnaise des Eaux). Esta última, que originalmente era una empresa de gas y electricidad, es propietaria de Degremont, una de las compañías encargadas de la construcción de la planta desalinizadora de Rosarito. Ambas multinacionales suelen ser consideradas como equivalentes a la General Motors y la Ford en el mundo del agua.

En un segundo nivel de importancia en el negocio mundial de servicios hídricos, encontramos a las trasnacionales ITT Corporation, compañía estadounidense que constituye la tercera mundial en el ramo; le siguen la alianza estadounidense-inglesa Bechtel y United Utilities, la inglesas Severn Trent y Thames Waters y la también norteamericana American Water Works Co. El panorama lo completan varias empresas de menor escala como Anglian Water (Inglaterra), GE Water (EU), Nalco (EU), Kurita Water Industries (Japón), entre otras[1]. Tan sólo Suez y Veolia aportan en conjunto servicios de agua (extracción, purificación, tratamiento de agua potable y residual, almacenamiento, distribución y construcción de infraestructuras hidráulicas) a más de 300 millones de clientes con más de 10,000 plantas de tratamiento y producción de agua en 150 países. Sin embargo, dichas compañías no limitan sus actividades al metabolismo del agua, sino que son consideradas empresas “multiservicios”, esto es, construyen y operan todo tipo de infraestructuras de servicios (energía, telecomunicaciones, transporte, servicios medioambientales)[2]. Otra empresa importante en la materia es Enron, compañía estadounidense que colapsó en 2001 y que a lo largo de varios años fue la principal comercializadora de agua, gas, electricidad e internet (fibra óptica) en el mundo[3]. Más adelante volveremos sobre esta empresa.

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Las Asociaciones Público-Privadas y el negocio transfronterizo (y transnacional) del agua en Baja California – parte 1

La Ley de Asociaciones Público-Privadas (APPs) de Baja California fue aprobada por el congreso del estado el 22 agosto de 2014. Anteriormente ya había existido en la entidad otra ley de APPs, la ley de Proyectos de Asociaciones Público-Privadas, aprobada y publicada el 30 de octubre de 2009 por el entonces gobernador Guadalupe Osuna Millán. Dicha ley fue derogada por “insuficiente e inconsitente” en la misma sesión en que se aprobó la nueva ley, proyecto propuesto por el actual gobernador, Francisco “Kiko” Vega de la Madrid. Asimismo, se modificó el artículo 100 de la Constitución estatal para elevar a rango constitucional la obligación del Estado de proteger la inversión privada, en concreto, las APPs. A su vez, en el mismo artículo se añadió la especificación de que, a partir de esta reforma, las políticas para el desarrollo industrial y sustentable serán promovidas por el gobierno estatal “mediante el establecimiento de las bases y requisitos de realización de proyectos bajo el esquema de asociaciones público privadas (…) ”. Cabe mencionar que una cambio fundamental entre la ley derogada y la nueva es que en la segunda se eliminó la posibilidad de participación de los distintos sectores de la sociedad civil en los procedimientos de planeación, elaboración y estructuración de proyectos basados en APPs y se le dio facultad a las empresas privadas para proponer “proyectos no socilitados”[1]. Es de esta forma (resumida) que, mediante el desvío de poder público hacia el interés privado, se efectuaron las transformaciones jurídicas necesarias para territorializar el nuevo proyecto neoliberal de apropiación privada de las riquezas de Baja California, en específico, de las infraestructuras, recursos y servicios públicos.

La ley de APPs establece un esquema inversión entre el sector público y el sector privado, que en los hechos significa una forma de privatización de las redes de infraestructuras y servicios públicos de la entidad. Bajo dicho esquema, las empresas privadas “aportan” el capital inicial para la construcción de las infraestructuras de servicios, mientras reciben garantías contractuales de largo plazo para explotarlas, hasta que el Estado haya saldado las deudas de inversión. De esta manera, el Estado se convierte en garante de la inversión mediante la adquisición de deuda pública (pagada con interés a 20, 30  y hasta 40 años) y a su vez, asume los riesgos de construcción de las infraestructuras proyectadas. En grandes rasgos, las APPs son formas de extracción de riqueza y transferencia de rentas del sector público al privado.

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EcoZoneMx: dimensiones territoriales

(Texto elaborado en base a una ponencia presentada en octubre de 2016)

EcoZoneMx es un megaproyecto que se pretende instalar a lo largo de más de 14 mil 600 hectáreas en la falda oriente de la Sierra Cucapá en el municipio de Mexicali, Baja California (ver mapa principal). La empresa responsable del proyecto es Viz Resource Management S.A. de C.V., propiedad de la familia Vizcarra Calderón (Grupo Viz), dueños a su vez de la compañía SuKarne, la mayor agroindustria del mercado cárnico en México. Dicha firma cuenta además con una planta procesadora de carne al poniente de la ciudad de Mexicali, la cual ha sido señalada como un foco rojo sanitario y ambiental para las colonias cercanas. De acuerdo a su Manifestación de Impacto Ambiental, presentada el 25 de noviembre de 2015, EcoZoneMx, anunciado como “ciudad industrial verde”, está compuesto de nueve sub-proyectos (ver mapa 1):

  • Planta fotovoltáica: Producción de electricidad para la exportación al mercado eléctrico estadounidense (1, 203 hectáreas de páneles solares). Según afirman sus inversores, sería la planta de energía solar más grande de Latinoamérica.
  • Zona industrial de recicladoras
  • Estación de manejo, revalorización y disposición final de residuos peligrosos: la cual recibiría el 74% de los residuos peligrosos de todo el país, es decir, 6 millones de toneladas anuales de este tipo de desechos, los cuales incluyen: materiales corrosivos; radioactivos; explosivos, incluyendo sólidos y líquidos; inflamables, incluyendo desechos petroleros y plásticos y; biológico-infecciosos, incluyendo desechos hospitalarios y forenses.
  • Extracción de materiales pétreos y otros minerales: Este proceso consiste en la extracción mediante explosivos de material pétreo (piedra, arena y tucuruguay) para su procesamiento y comercialización en Estados Unidos.
  • Centro de innovación y entrenamiento en reciclaje y energías renovables
  • Zona comercial y de servicios
  • Unidad habitacional
  • Zona de conservación
  • Aprovechamiento forestal sustentable.
ecozone-mx

Mapa 1: Proyecto EcoZoneMx. Mapa de la MIA original.

En el programa general de obras o fases del proyecto se establecen los plazos para la construcción de cada etapa o sub-proyecto: en los primeros 3 años funcionaría la extracción de materiales pétreos y otros minerales. La estación de manejo, revalorización y disposición final de residuos peligrosos y el centro internacional de reciclaje y energías renovables operarían en 5 años. El resto de los proyectos están planeados para entrar en funciones en 10 años (planta fotovoltáica, zona industrial de recicladoras, zona comercial y de servicios y unidad habitacional).


En este texto buscamos aportar algunos elementos de análisis desde la Geografía para comprender las dimensiones territoriales de este proyecto en relación con el valor de uso histórico que se le ha asignado al Valle de Mexicali bajo su articulación subordinada al mercado mundial y en particular, al mercado estadounidense.

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