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La aplastante victoria del pueblo cachanilla contra Constellation Brands

-¿Y cómo era entonces el valle? -le preguntamos-

-El valle era un paraíso. El Río Colorado en aquel tiempo se desbordaba produciendo grandes inundaciones. Las aguas comenzaban a subir en el mes de abril convirtiendo grandes extensiones en lagos hasta lo que hoy es Brawley. Al retirarse las aguas quedaba convertida la región en un vergel. Había gran cantidad de animales: nutrias, venados, “buros”, caballos salvajes, cerdos y borregos silvestres, etcétera.

El país entero estaba desarbolado. Sólo a orillas del Río Colorado había álamos y sauces. Todo lo demás estaba cubierto de zacate, de cachanilla y de carrizo de flecha y uno que otro “tornillo”

(Entrevista de Daniel Sández, el “descubridor” del valle de Mexicali, 1925)

Los días 21 y 22 de marzo de 2020, el Gobierno Federal llevó a cabo una consulta en el municipio de Mexicali sobre la instalación de la planta cervecera de la transnacional estadounidense Constellation Brands (CB). Se instalaron 27 mesas de votación, 10 en la ciudad y 17 en el valle, incluyendo una en el puerto de San Felipe.

El resultado fue un contundente rechazo de la ciudadanía mexicalense hacia la cervecera. De acuerdo a cifras oficiales, se obtuvo un 76.05% de sufragios en contra de la instalación de la planta y un 23.24% a favor, además de un 0.71% de votos nulos. La participación ciudadana alcanzó los 36,781 votos, divididos en 17,095 el primer día y 19,686 el segundo.

Ya se han escrito varias columnas tanto a favor como en contra de este ejercicio de democracia participativa. En esta publicación buscamos aportar algunos elementos de análisis sobre la espacialidad de la consulta, sus presupuestos técnicos, económicos y políticos, así como sus actores, las posturas y estrategias que le hicieron frente, sus resultados y lecciones.

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Sobre las contradictorias cifras de Constellation Brands

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Los Foros Estatales del Agua: ¿foros ciudadanos o foros privatizadores?

El gobierno estatal está impulsando diversos foros estatales del agua en las ciudades de Mexicali, Tecate, Tijuana y Ensenada. Según su sitio web, el objetivo de estos foros es “crear un espacio donde exponer la situación actual y el futuro del agua en nuestra región”. En dichos eventos se llevarán a cabo mesas de trabajo en las que la ciudadanía, organismos operadores, profesionistas del rubro y expertos en el tema hídrico trabajen juntos para “estructurar estrategias de optimización y reúso, desarrollar planes de contingencia y buscar alternativas que nos ayuden a asegurar el suministro de este recurso en Baja California”.

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Los foros se dividen en mesas de trabajo, foros ciudadanos (también llamados paneles abiertos) y conferencias magistrales. Los temas a abordar son: infraestructuras de agua y saneamiento, normatividad del sector hídrico, situación general del agua, cultura hídrica y sustentable, situación económica del organismo operador, el valor del agua, fuentes de abastecimiento, uso eficiente y sustentable, entre otros.

Con tan solo revisar el programa vemos que los foros ciudadanos o paneles abiertos no tienen nada de ciudadanos. En los diferentes eventos están invitados como participantes representantes del sector empresarial, funcionarios públicos, diputados y representantes de las empresas privadas en el mercado de abastecimiento y servicios de agua. Por ejemplo, entre los participantes de dichos paneles se encuentran el presidente estatal del Consejo Coordinador Empresarial, funcionarios de la CONAGUA, de las comisiones estatales de servicios públicos (CESPM, CESPT, CESPE y CESPTE) y de la Comisión de Límites y Aguas (CILA); el senador Ernesto Ruffo Appel y los diputados Carlos Torres y Rocío López, quienes aprobaron la ley estatal de aguas propuesta por el gobernador, Kiko Vega. En suma, para los organizadores de los foros la “ciudadanía” la constituye la clase político-empresarial bajacaliforniana. ¿No se debió de haber invitado como conferencistas y/o participantes en los foros a integrantes de Mexicali Resiste, a académicos críticos y activistas en defensa del agua, por ejemplo? ¿No se debió incluir a las diferentes voces de la sociedad civil que podrían tener una opinión crítica respecto al tema del agua?

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Las Asociaciones Público-Privadas y el negocio transfronterizo (y transnacional) del agua en Baja California – parte 1

La Ley de Asociaciones Público-Privadas (APPs) de Baja California fue aprobada por el congreso del estado el 22 agosto de 2014. Anteriormente ya había existido en la entidad otra ley de APPs, la ley de Proyectos de Asociaciones Público-Privadas, aprobada y publicada el 30 de octubre de 2009 por el entonces gobernador Guadalupe Osuna Millán. Dicha ley fue derogada por “insuficiente e inconsitente” en la misma sesión en que se aprobó la nueva ley, proyecto propuesto por el actual gobernador, Francisco “Kiko” Vega de la Madrid. Asimismo, se modificó el artículo 100 de la Constitución estatal para elevar a rango constitucional la obligación del Estado de proteger la inversión privada, en concreto, las APPs. A su vez, en el mismo artículo se añadió la especificación de que, a partir de esta reforma, las políticas para el desarrollo industrial y sustentable serán promovidas por el gobierno estatal “mediante el establecimiento de las bases y requisitos de realización de proyectos bajo el esquema de asociaciones público privadas (…) ”. Cabe mencionar que una cambio fundamental entre la ley derogada y la nueva es que en la segunda se eliminó la posibilidad de participación de los distintos sectores de la sociedad civil en los procedimientos de planeación, elaboración y estructuración de proyectos basados en APPs y se le dio facultad a las empresas privadas para proponer “proyectos no socilitados”[1]. Es de esta forma (resumida) que, mediante el desvío de poder público hacia el interés privado, se efectuaron las transformaciones jurídicas necesarias para territorializar el nuevo proyecto neoliberal de apropiación privada de las riquezas de Baja California, en específico, de las infraestructuras, recursos y servicios públicos.

La ley de APPs establece un esquema inversión entre el sector público y el sector privado, que en los hechos significa una forma de privatización de las redes de infraestructuras y servicios públicos de la entidad. Bajo dicho esquema, las empresas privadas “aportan” el capital inicial para la construcción de las infraestructuras de servicios, mientras reciben garantías contractuales de largo plazo para explotarlas, hasta que el Estado haya saldado las deudas de inversión. De esta manera, el Estado se convierte en garante de la inversión mediante la adquisición de deuda pública (pagada con interés a 20, 30  y hasta 40 años) y a su vez, asume los riesgos de construcción de las infraestructuras proyectadas. En grandes rasgos, las APPs son formas de extracción de riqueza y transferencia de rentas del sector público al privado.

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