Las Asociaciones Público-Privadas y el negocio transfronterizo (y transnacional) del agua en Baja California – parte 2

(Ver parte 1)

Las empresas transnacionales de servicios múltiples y la privatización del agua

El mercado de servicios de agua a nivel global está controlado por menos de diez empresas trasnacionales. En primer lugar, dos compañías con base en Francia dominan aproximadamente el 70% de dicho mercado: Veolia (antes Vivendi Universal) y Suez Environment (anteriormente Suez-Lyonnaise des Eaux). Esta última, que originalmente era una empresa de gas y electricidad, es propietaria de Degremont, una de las compañías encargadas de la construcción de la planta desalinizadora de Rosarito. Ambas multinacionales suelen ser consideradas como equivalentes a la General Motors y la Ford en el mundo del agua.

En un segundo nivel de importancia en el negocio mundial de servicios hídricos, encontramos a las trasnacionales ITT Corporation, compañía estadounidense que constituye la tercera mundial en el ramo; le siguen la alianza estadounidense-inglesa Bechtel y United Utilities, la inglesas Severn Trent y Thames Waters y la también norteamericana American Water Works Co. El panorama lo completan varias empresas de menor escala como Anglian Water (Inglaterra), GE Water (EU), Nalco (EU), Kurita Water Industries (Japón), entre otras^[1]. Tan sólo Suez y Veolia aportan en conjunto servicios de agua (extracción, purificación, tratamiento de agua potable y residual, almacenamiento, distribución y construcción de infraestructuras hidráulicas) a más de 300 millones de clientes con más de 10,000 plantas de tratamiento y producción de agua en 150 países. Sin embargo, dichas compañías no limitan sus actividades al metabolismo del agua, sino que son consideradas empresas “multiservicios”, esto es, construyen y operan todo tipo de infraestructuras de servicios (energía, telecomunicaciones, transporte, servicios medioambientales)^[2]. Otra empresa importante en la materia es Enron, compañía estadounidense que colapsó en 2001 y que a lo largo de varios años fue la principal comercializadora de agua, gas, electricidad e internet (fibra óptica) en el mundo^[3]. Más adelante volveremos sobre esta empresa.

Las Asociaciones Público-Privadas y el negocio transfronterizo (y transnacional) del agua en Baja California – parte 1

La Ley de Asociaciones Público-Privadas (APPs) de Baja California fue aprobada por el congreso del estado el 22 agosto de 2014. Anteriormente ya había existido en la entidad otra ley de APPs, la ley de Proyectos de Asociaciones Público-Privadas, aprobada y publicada el 30 de octubre de 2009 por el entonces gobernador Guadalupe Osuna Millán. Dicha ley fue derogada por “insuficiente e inconsitente” en la misma sesión en que se aprobó la nueva ley, proyecto propuesto por el actual gobernador, Francisco “Kiko” Vega de la Madrid. Asimismo, se modificó el artículo 100 de la Constitución estatal para elevar a rango constitucional la obligación del Estado de proteger la inversión privada, en concreto, las APPs. A su vez, en el mismo artículo se añadió la especificación de que, a partir de esta reforma, las políticas para el desarrollo industrial y sustentable serán promovidas por el gobierno estatal “mediante el establecimiento de las bases y requisitos de realización de proyectos bajo el esquema de asociaciones público privadas (…) ”. Cabe mencionar que una cambio fundamental entre la ley derogada y la nueva es que en la segunda se eliminó la posibilidad de participación de los distintos sectores de la sociedad civil en los procedimientos de planeación, elaboración y estructuración de proyectos basados en APPs y se le dio facultad a las empresas privadas para proponer “proyectos no socilitados”^[1]. Es de esta forma (resumida) que, mediante el desvío de poder público hacia el interés privado, se efectuaron las transformaciones jurídicas necesarias para territorializar el nuevo proyecto neoliberal de apropiación privada de las riquezas de Baja California, en específico, de las infraestructuras, recursos y servicios públicos.

La ley de APPs establece un esquema inversión entre el sector público y el sector privado, que en los hechos significa una forma de privatización de las redes de infraestructuras y servicios públicos de la entidad. Bajo dicho esquema, las empresas privadas “aportan” el capital inicial para la construcción de las infraestructuras de servicios, mientras reciben garantías contractuales de largo plazo para explotarlas, hasta que el Estado haya saldado las deudas de inversión. De esta manera, el Estado se convierte en garante de la inversión mediante la adquisición de deuda pública (pagada con interés a 20, 30  y hasta 40 años) y a su vez, asume los riesgos de construcción de las infraestructuras proyectadas. En grandes rasgos, las APPs son formas de extracción de riqueza y transferencia de rentas del sector público al privado.